La celebración de un gran acto de Estado en el Congreso de los Diputados, con la presencia del Rey, figura entre las propuestas más destacadas elaboradas por la comisión técnica de la Ley de Memoria Democrática para avanzar en el reconocimiento y la reparación histórica del pueblo gitano en España. La iniciativa aparece recogida en uno de los informes elaborados por este órgano técnico, al que ha tenido acceso Europa Press, y forma parte de un amplio paquete de medidas destinadas a aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto a la situación histórica del pueblo gitano.
El documento plantea que, como medida de reparación simbólica e institucional, se promueva la celebración de un acto de Estado en las Cortes Generales, en sesión conjunta y con la asistencia del jefe del Estado, orientado al reconocimiento del pueblo gitano, de sus aportaciones a la sociedad y a la cultura españolas, así como a la reparación simbólica por siglos de persecución y discriminación.
Según recoge el informe, el acto debería incluir además una declaración institucional de reconocimiento del daño causado y un compromiso explícito con la plena igualdad y la no discriminación. La propuesta se enmarca en el trabajo desarrollado por la comisión de memoria y reconciliación con el pueblo gitano, cuyo informe final repasa seis siglos de presencia gitana en España y documenta episodios de persecución histórica, desde la Gran Redada de 1749 (impulsada por el Marqués de la Ensenada y definida en el texto como un «intento de exterminio burocrático») hasta las políticas de vigilancia y control ejercidas durante el franquismo.
Declaraciones de reparación y revisión del espacio público
Junto al acto de Estado, el informe propone impulsar declaraciones oficiales de reparación para personas gitanas que sufrieron represión por motivos raciales y facilitar el reconocimiento de la nacionalidad española a descendientes de quienes se vieron obligados al exilio por legislaciones consideradas represivas y excluyentes. Asimismo, plantea revisar símbolos, denominaciones y reconocimientos públicos vinculados a episodios o figuras asociadas a la persecución del pueblo gitano. Entre las medidas concretas figura la eliminación de referencias al Marqués de la Ensenada en sedes institucionales y otros espacios públicos, con el objetivo de adaptar la memoria colectiva a los valores democráticos de convivencia, respeto y justicia histórica.
Educación contra el antigitanismo
Las recomendaciones de la comisión abarcan también el ámbito educativo. El informe reclama la puesta en marcha del Plan Estratégico de Educación Inclusiva previsto para 2026 e insiste en reforzar la formación del profesorado en prevención del antigitanismo, enfoque intercultural e historia y cultura gitanas. Además, propone revisar materiales didácticos y currículos para garantizar una representación rigurosa y libre de estereotipos, así como incorporar de manera más decidida la perspectiva gitana en la enseñanza universitaria y la investigación académica.
Protocolos frente a la discriminación institucional
En el terreno administrativo y judicial, la comisión plantea establecer mecanismos de prevención, detección y actuación frente al antigitanismo institucional en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales, las fuerzas policiales o la Justicia. Entre otras medidas, propone protocolos homogéneos de intervención ante posibles casos de discriminación, así como formación específica para jueces, fiscales y personal judicial en materia de derechos humanos, diversidad cultural y lucha contra los prejuicios antigitanos.
Más presencia cultural y cambios en el diccionario
El informe también apuesta por reforzar la presencia institucional del pueblo gitano en museos, centros de memoria democrática y espacios culturales públicos. Entre las iniciativas planteadas figuran la creación de un Centro Estatal de Exposición y Difusión Cultural Gitana, un Archivo y Centro de la Memoria Gitana, un Paseo de la Memoria Gitana y programas permanentes de becas y reconocimientos. Asimismo, reclama la elaboración de un Estatuto Cultural del Pueblo Gitano y plantea expresamente la eliminación de la acepción «trapacero» asociada al término «gitano» en el Diccionario de la Lengua Española, al considerar que tiene un carácter estigmatizante y genera efectos de violencia simbólica.
Un paquete integral de reparación histórica
Las recomendaciones se completan con medidas dirigidas a los medios de comunicación para combatir estereotipos y con actuaciones destinadas a identificar y señalizar lugares vinculados a la represión histórica del pueblo gitano, incluidos enclaves relacionados con la Gran Redada de 1749.
Según argumenta la comisión técnica, la ausencia de políticas de reparación histórica ha contribuido durante décadas a perpetuar la exclusión social, política y cultural de la población gitana. Por ello, considera imprescindible desplegar una estrategia integral de reparación simbólica, material e institucional que permita reconocer la persecución sufrida y visibilizar las aportaciones de la comunidad gitana a la historia y la cultura de España. En ese contexto, la celebración de un acto de Estado en el Congreso con la presencia del Rey emerge como uno de los principales hitos propuestos por la comisión para escenificar el reconocimiento institucional y la reconciliación con una comunidad que ha padecido siglos de discriminación.
