La presidenta del Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales (IRASC), María Rubia Jiménez, compareció el pasado 28 de septiembre ante la Comisión de Estudio para la Elaboración de un Pacto Nacional contra el Antigitanismo y para la Inclusión del Pueblo Gitano del Parlament de Catalunya. Durante su intervención, Rubia reconoció los avances alcanzados en Cataluña durante las últimas décadas, pero advirtió de que el reconocimiento institucional y la aprobación de planes y estrategias no han conseguido eliminar las desigualdades estructurales que continúa afrontando el Pueblo Gitano. «Catalunya no parteix de zero, però tampoc pot confondre la trajectòria recorreguda amb el resultat que encara no hem assolit», señaló al inicio de su comparecencia.
Uno de los principales mensajes de su intervención fue la necesidad de superar un modelo de políticas públicas centrado predominantemente en la inclusión social para avanzar hacia una respuesta estructural contra el antigitanismo. Rubia defendió que las dificultades que afrontan muchas personas gitanas en el acceso a la educación, el empleo o la vivienda no pueden explicarse únicamente desde la exclusión social, sino que deben abordarse también desde las barreras institucionales y las prácticas discriminatorias. En este sentido, planteó una reflexión fundamental: «Una política d’inclusió pregunta què ha de fer la persona gitana per entrar al sistema. Una política antiracista pregunta què ha de canviar el sistema perquè no discrimini». Desde esta perspectiva, insistió en que las instituciones deben revisar sus propios mecanismos de funcionamiento.
Hacia la garantía efectiva de derechos
Entre las principales propuestas, la presidenta del IRASC reclamó retomar y culminar durante la actual legislatura la tramitación de una ley integral para erradicar el antigitanismo y garantizar los derechos del Pueblo Gitano. Recordó que el Govern de Catalunya aprobó en 2019 la memoria preliminar del anteproyecto de esta ley, una iniciativa que, siete años después, continúa pendiente. Rubia defendió que una discriminación estructural requiere respuestas igualmente estructurales, con obligaciones de prevención, protocolos de actuación, medidas de acción positiva, garantías de reparación y mecanismos de responsabilidad institucional.
Durante su comparecencia, presentó siete compromisos para que el futuro Pacto Nacional no se limite a una declaración de intenciones.
El primero ha sido impulsar una ley integral contra el antigitanismo que garantice derechos y obligaciones institucionales. El segundo establecer una gobernanza con presupuestos, responsables, calendarios e indicadores que permitan evaluar los resultados. El tercero, crear un Observatorio del Pueblo Gitano y un sistema de datos con garantías de protección. El cuarto, reforzar la prevención, la denuncia y la reparación frente a la discriminación. El quinto, incorporar efectivamente la historia y la cultura del Pueblo Gitano al sistema educativo y combatir la segregación escolar. El sexto, desarrollar medidas contra la discriminación en el empleo y la vivienda, favoreciendo la autonomía económica y el séptimo garantizar la participación del Pueblo Gitano en la toma de decisiones y promover políticas de reparación histórica, cultural y lingüística. Otra de las propuestas destacadas fue establecer mecanismos concretos para garantizar el cumplimiento de los compromisos institucionales. Rubia planteó que, durante los seis meses posteriores a la aprobación del Pacto, el Govern presente ante el Parlament un calendario de actuaciones, las responsabilidades de cada departamento, los presupuestos y los instrumentos de evaluación.
Asimismo, propuso una comparecencia anual del Govern ante el Parlament, coincidiendo aproximadamente con el 8 de abril. Reivindicó también una participación efectiva del Pueblo Gitano en las decisiones institucionales, superando los modelos de consulta. Asimismo, reclamó reconocer la persecución sufrida por el Pueblo Gitano y garantizar la preservación de la lengua romaní. La comparecencia concluyó con una reflexión sobre el verdadero objetivo del futuro Pacto Nacional: transformar las estructuras que reproducen la desigualdad.»El poble gitano no és un problema que Catalunya hagi de resoldre. Som part de Catalunya. El problema que cal resoldre és l’antigitanisme». «El poble gitano ha resistit durant segles. Ara correspon a les institucions demostrar que també saben transformar-se», expresó al final de su intervención.
