La directora general de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y exdiputada, Sara Giménez, compareció este martes, 29 de septiembre, ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para presentar una propuesta de Ley Integral para el Reconocimiento, la Igualdad y la Promoción del Pueblo Gitano. La iniciativa pretende establecer un marco legal estable que garantice el ejercicio efectivo de derechos ya reconocidos en el ordenamiento jurídico y avanzar en la igualdad real de la población gitana, además de reconocer su patrimonio cultural, histórico y lingüístico y reforzar su participación en la vida pública.
La propuesta fue presentada públicamente por la FSG el 8 de abril de 2025, Día Internacional del Pueblo Gitano. Desde entonces, la entidad ha trabajado en la elaboración de un borrador legislativo con la participación de un grupo de personas expertas, gitanas y no gitanas, y ha mantenido contactos con los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de impulsar su tramitación.
Un amplio respaldo a la comparecencia
Al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión Constitucional, José Zaragoza, destacó el amplio consenso existente entre los diferentes grupos parlamentarios en torno a la celebración de la comparecencia. Tras la intervención inicial de Sara Giménez, los representantes de los distintos grupos parlamentarios pudieron trasladar sus consideraciones y preguntas sobre la propuesta.
La FSG estuvo acompañada por parte del grupo de expertos que ha participado en la elaboración de la iniciativa, entre ellos Carla Santiago, exsenadora y vicepresidenta segunda de la FSG, Luis Cayo, presidente del CERMI, Manuela Fernández, exdirectora de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Catalunya, María Emilia Casas, jurista y primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional y patrono de la FSG, Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, José Antonio Jiménez, policía, y Ramón Mateo, de beBartlet.
Tres pilares para una ley integral
Durante su comparecencia, Sara Giménez estructuró la propuesta legislativa en tres grandes pilares. El primero es la promoción social y la convergencia efectiva con el conjunto de la sociedad, garantizando el acceso en condiciones de igualdad real a servicios esenciales y derechos sociales básicos. El segundo es el establecimiento de un marco sólido de tutela antidiscriminatoria y lucha contra el antigitanismo, con medidas destinadas a combatir las situaciones de discriminación que afectan a la población gitana.
El tercer pilar se centra en el reconocimiento institucional del pueblo gitano, elevando a rango legal la protección y puesta en valor de su patrimonio cultural, histórico y lingüístico, así como de sus símbolos, lengua y creencias y de su contribución a la sociedad española. La propuesta contempla además instrumentos estables de gobernanza participativa y coordinación entre administraciones.
Según explicó Giménez, la iniciativa pretende garantizar derechos constitucionales para más de un millón de ciudadanos gitanos y trasladar al ordenamiento jurídico las recomendaciones internacionales relacionadas con la igualdad y la lucha contra la discriminación.
“La propuesta, hecha desde la sensatez y el rigor jurídico, se enmarca en la misma línea que otras leyes específicas ya existentes en España para colectivos que enfrentan realidades complejas que ya cuentan con marcos jurídicos propios de protección”, señaló.
Educación, empleo, vivienda y protección social
Uno de los objetivos centrales de la propuesta es reducir las desigualdades existentes en ámbitos como la educación, el empleo, la salud, la vivienda y el bienestar social. La FSG plantea que las políticas dirigidas al pueblo gitano cuenten con un marco legal que les proporcione mayor continuidad. Hasta ahora, estas políticas se han articulado principalmente mediante planes de acción, programas y estrategias gubernamentales.
Para Sara Giménez, convertir estas políticas en obligaciones legales permitiría dotarlas de una mayor permanencia y garantías de ejecución, así como de mecanismos de financiación adecuados. En este sentido, destacó especialmente la necesidad de abordar el éxito educativo de niños y niñas gitanos, mejorar el acceso al empleo y favorecer una mayor presencia en trabajos de calidad. También reclamó medidas para proteger y modernizar la venta ambulante.
Un primer paso hacia la tramitación de la propuesta
La comparecencia en la Comisión Constitucional supone un primer paso institucional para la iniciativa. La FSG considera que la presentación del texto ante el Congreso abre una nueva etapa en la que será necesario compartir y debatir el borrador con el movimiento asociativo gitano y con la propia base social gitana. A su vez, la Fundación Secretariado Gitano sostiene que el alcance de la iniciativa trasciende a la propia población gitana. La reducción de las desigualdades estructurales, la lucha contra la discriminación y el fortalecimiento de la participación social son, según la entidad, elementos vinculados a la cohesión social y al funcionamiento de las instituciones democráticas.
La propuesta de ley plantea así un marco integral que combina igualdad de derechos, promoción social, reconocimiento cultural, lucha contra el antigitanismo y participación institucional, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad ante la ley pueda traducirse también en igualdad efectiva de oportunidades.
