En este año 2025 se cumplen seis siglos desde que existen documentos que certifican la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Seis siglos de historia compartida, pero también de heridas abiertas, de exclusión y de prejuicios que todavía hoy condicionan la vida de miles de personas gitanas. Por ello, esta conmemoración no se presenta solo como una efeméride histórica, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y, sobre todo, para construir un futuro más justo y equitativo.
El Gobierno ha proclamado 2025 como el “Año del Pueblo Gitano”, un gesto simbólico que pretende reconocer la aportación cultural y social de esta comunidad y visibilizar los siglos de discriminación que ha sufrido. Sin embargo, las organizaciones gitanas han sido claras: no quieren palabras vacías ni homenajes superficiales, sino políticas reales, estructurales y con fuerza de ley que erradiquen definitivamente el antigitanismo.
Mercedes Porras, presidenta de la Fundació Pere Closa, lo expresó este lunes con contundencia en el Parlament: “El antigitanismo no es una cuestión de voluntad social, sino una vulneración sistemática de los derechos humanos; su eliminación debe ser entendida como una obligación democrática”. Su declaración llega justo antes de que el Parlament de Cataluña iniciara los trabajos para aprobar un pacto nacional contra el antigitanismo, una iniciativa nacida del acuerdo de investidura que llevó a Salvador Illa a la presidencia en 2024.
Un pacto apoyado por la mayoría de grupos del Parlament
Este pacto, apoyado por la mayoría de los grupos parlamentarios (PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP), busca poner fin a siglos de exclusión institucional. Sin embargo, desde el movimiento gitano se insiste en que el verdadero reto está en convertir la voluntad política en acción efectiva. “Ha habido muchos compromisos que se quedaron en palabras”, advirtió Simón Montero, presidente de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC). Tanto él como Porras han reclamado mecanismos de participación vinculantes, insistiendo en que el pueblo gitano no exige privilegios, sino lo que le corresponde: justicia, historia y ciudadanía plena.
Esta demanda no es solo un llamamiento a la memoria, sino también un grito de dignidad. “Seis siglos después, el pueblo gitano vuelve a ser nombrado en el corazón de la soberanía catalana, como objeto político y como ciudadanos de primer derecho”, expresó Montero, recordando que la lucha por la igualdad debe ir más allá de los discursos. En un contexto global marcado por el auge de la extrema derecha y el resurgir de los discursos de odio, el movimiento gitano advierte del peligro de retroceder en los avances sociales conseguidos. Frente a ello, pide unidad y alianzas sólidas para combatir no solo el antigitanismo, sino cualquier forma de racismo, exclusión o desigualdad.
La conmemoración de estos seis siglos, por tanto, no debería ser un mero acto simbólico. Es una invitación colectiva a mirar atrás con espíritu crítico y mirar adelante con compromiso. Porque reparar el daño histórico no se logra con gestos, sino con políticas que transformen la realidad. Y solo cuando el pueblo gitano pueda sentirse plenamente incluido (sin tener que justificar su lugar en la sociedad), se podrá hablar realmente de una democracia que hace justicia a su promesa de igualdad.
