La destitución de Diego Luis Fernández como director del Instituto de Cultura Gitana, anunciada esta semana por el Ministerio de Cultura, ha provocado una reacción inmediata y contundente del movimiento asociativo gitano. Fernández, que ocupaba el cargo desde 2007, será sustituido de manera transitoria por un funcionario, según informó el propio ministerio.
En un comunicado firmado por decenas de entidades, la Coordinadora para el Reconocimiento Político Integral del Pueblo Gitano calificó el cese de “persecución política” y lo enmarcó en un contexto de “antigitanismo institucional evidente”. La plataforma denuncia que la decisión se tomó “sin estar siquiera en el orden del día y con muchas irregularidades”, pese a la “dilatada trayectoria” de Fernández en defensa de los derechos del pueblo gitano.
600 años de la llegada del pueblo gitano a España
La controversia llega en pleno Año del Pueblo Gitano, proclamado en 2025 para conmemorar los 600 años de la llegada de esta comunidad a la península ibérica. Sin embargo, los colectivos firmantes advierten que la conmemoración “se está quedando en palabras vacías” y denuncian que “la cuestión gitana no se aborda realmente”, recordando la deuda histórica y las leyes discriminatorias que han afectado al pueblo gitano en España.
La destitución de Fernández se suma, según las organizaciones, a otros episodios recientes que evidencian la exclusión institucional: el nombramiento de personas no gitanas al frente de centros culturales en Andalucía y el relevo de otros referentes del movimiento gitano como Paqui Fernández o Adolfo Heredia.
Reclaman un Estatuto Cultural Gitano
En su manifiesto, las asociaciones exigen la aprobación de un Estatuto Cultural Gitano que incluya diez medidas legislativas concretas, entre ellas el reconocimiento oficial del Pueblo Gitano y sus símbolos (bandera, himno y 8 de abril), la oficialidad del caló como lengua gitana en España, cuotas específicas en empleo público y listas electorales, una mayor presencia artística y cultural en museos, festivales y medios de comunicación y la creación de un organismo con competencias ejecutivas para garantizar su cumplimiento.
“Ya está bien de callar. Ha llegado el tiempo de los gitanos”, concluye el documento, suscrito por organizaciones como Plataforma Khetane, Federación Gitana de Andalucía y Almería, Unión Romaní Madrid o Asociación de Mujeres Gitanas ROMI, entre otras.
