El fallo, que desestima investigar al eurodiputado pese a reconocer que su acusación se basó en prejuicios personales, preocupa por el espacio de impunidad que deja frente a la desinformación y los discursos de odio.
El Tribunal Supremo ha decidido archivar este viernes 12 de diciembre la causa contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por difundir en su canal de Telegram el bulo de que Álvaro Prieto, el joven cordobés fallecido accidentalmente en 2023, había sido asesinado por “un grupo de gitanos”. El rumor, lanzado sin prueba alguna y amplificado durante la búsqueda del joven, provocó una ola de comentarios discriminatorios en redes. Sin embargo, la Sala de lo Penal concluye que no existen indicios suficientes para considerarlo delito de odio.
La resolución cierra una investigación impulsada gracias a la denuncia de la Fundación Kamira, que alertó desde el primer momento del carácter xenófobo del mensaje. La Fiscalía respaldó la necesidad de una investigación por un posible delito de odio. Aun así, el Alto Tribunal ha considerado que el mensaje fue un acto “aislado” sin intención directa de fomentar rechazo o violencia contra la comunidad gitana.
El Supremo admite prejuicios, pero rechaza que haya delito
En su auto, el Tribunal Supremo reconoce que la incriminación difundida por Alvise se basó en “sus propios perjuicios personales” y que su publicación desencadenó comentarios hostiles. Pero los magistrados insisten en que no hay pruebas de una voluntad explícita del eurodiputado de promover discriminación, ni constancia de conductas previas contra personas gitanas. El tribunal llega incluso a plantear que el bulo pudo emitirse antes de conocerse la causa real de la muerte, pese a que el mensaje se difundió cuando existían multitud de informaciones verificadas sobre el paradero del joven y la investigación.
Movimiento gitano: “Los bulos racistas siguen saliendo gratis”
Recibimos esta decisión con preocupación y nos sumamos a la denuncia que hizo en su día desde Kamira, cuando recordaron que no se trataba de un comentario desafortunado, sino de una acusación falsa que contribuyó a reforzar estereotipos racistas históricamente utilizados contra la población gitana en un caso especialmente mediático. El archivo evidencia la distancia entre la legislación vigente y el impacto real que tienen los bulos racistas en la opinión pública. Esta brecha genera un escenario en el que difamar a un colectivo entero continúa sin consecuencias jurídicas claras.
El papel de los medios: cuando el sesgo informativo refuerza la discriminación
El caso, además, vuelve a poner el foco en una dimensión central del antirracismo contemporáneo: el tratamiento mediático de la población gitana. Diversos estudios, como el informe que publicamos «¿Periodistas contra el Racismo?» llevan años documentando cómo los prejuicios y la falta de rigor en la cobertura informativa contribuyen a reforzar el estigma social. Este informe propone un decálogo de buenas prácticas que recuerda que:
- No debe mencionarse el origen étnico de las personas implicadas en sucesos salvo que sea estrictamente relevante para comprender los hechos (algo que rara vez ocurre).
- Es fundamental contrastar informaciones con fuentes gitanas, evitando convertir rumores o prejuicios en noticias.
- Debe rechazarse el uso de términos como “etnia”, “reyerta”, “clan” o “conflicto vecinal” cuando su empleo tiene un efecto estigmatizador o genera asociaciones raciales automáticas.
- El periodismo responsable debe evitar cualquier referencia identitaria que no aporte información y sí contribuya a criminalizar a una comunidad.
El archivo del caso Alvise, señalan estas entidades, confirma la necesidad de reforzar tanto los mecanismos judiciales como los éticos del periodismo para frenar la propagación de bulos racializados.
Una reflexión de fondo: justicia, medios y racismo estructural
El fallo del Supremo deja una sensación compartida entre organizaciones defensoras de derechos humanos: aunque el sistema jurídico exige demostrar intención explícita para castigar discursos de odio, el impacto social de estos mensajes va mucho más allá de la voluntad individual de quien los difunde. Para el movimiento gitano, este caso es un ejemplo de cómo la difusión de bulos racistas sigue encontrando un espacio de impunidad, mientras que los estigmas que alimentan permanecen intactos en la esfera pública.
