El pasado 18 de julio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) declaró oficialmente la antigua Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana 43 de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento largamente reclamado por las víctimas del franquismo y el movimiento memorialista que convierte al edificio en uno de los principales espacios de memoria de la represión de la dictadura en Cataluña. Aunque el anuncio político ya había sido avanzado hace aproximadamente un año por el Gobierno, la publicación en el BOE supone la oficialización de una medida que reconoce institucionalmente el papel que desempeñó la comisaría como centro de detención, tortura y persecución política durante décadas.
Sin embargo, la resolución llega acompañada de una controversia que permanece abierta: el espacio, escenario durante 78 años de torturas y vejaciones, continuará albergando dependencias de la Policía Nacional. Una decisión que las entidades memorialistas consideran incompatible con el reconocimiento de un sitio donde miles de personas fueron víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos.
Un edificio marcado por la represión desde su inauguración
La resolución del BOE realiza un recorrido histórico por la función represiva del edificio desde su construcción. Según recoge el texto, la comisaría ya fue, desde finales de la dictadura de Primo de Rivera, el epicentro de la persecución contra el sindicalismo y el movimiento obrero barcelonés. Durante la Segunda República siguió siendo un lugar asociado a la violencia policial, hasta el punto de ser conocido entre los círculos obreros como «El molino sangriento».
A partir de 1941 y durante toda la dictadura franquista, Vía Laietana 43 se convirtió en el principal centro de la represión política en Barcelona. Por sus celdas, descritas en el propio BOE como insalubres y saturadas, pasaron centenares de personas detenidas por su oposición al régimen, muchas de las cuales fueron sometidas a interrogatorios bajo tortura.
Por sus celdas, descritas en el propio BOE como insalubres y saturadas, pasaron centenares de personas detenidas por su oposición al régimen, muchas de las cuales fueron sometidas a interrogatorios bajo tortura.
La resolución destaca que en aquellas dependencias no solo fueron encerrados militantes antifranquistas, sindicalistas o miembros de movimientos vecinales y anarquistas. También fueron perseguidas personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, trabajadoras sexuales y ciudadanos y ciudadanas gitanas, encarcelados en numerosas ocasiones sin haber cometido delito alguno, víctimas de leyes como la de Vagos y Maleantes o la posterior Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
El texto oficial estima que únicamente en Barcelona al menos 4.143 personas fueron detenidas por actividades políticas durante la dictadura y que una gran parte de ellas pasaron por los calabozos de Vía Laietana, convertidos en uno de los principales símbolos de la maquinaria represiva franquista en Cataluña.
La memoria del pueblo gitano, también presente
La inclusión expresa del pueblo gitano entre los colectivos perseguidos constituye uno de los aspectos más significativos de la declaración oficial. Aunque la mayoría de nombres documentados que han trascendido pertenecen a militantes políticos y sindicales, la persecución contra la población gitana fue estructural durante el franquismo.
Entre los casos conocidos figura el del artista gitano Helios Gómez, encarcelado en la comisaría en 1947, tal y como recoge su hijo en el libro Un gitanillo en la Ciudad de los Muchachos. También se ha documentado el caso de Carmen González, detenida y torturada en los calabozos de Vía Laietana en 1973 solo por el hecho de ser gitana, tal y como recoge en su libro «Torturades» la escritora Gema Pasquall. Un libro que recopila 22 testimonios de mujeres que pasaron por la prefectura superior de la Policía Nacional en Barcelona durante los 78 años que estuvo activa. Un libro que se convierte hoy en un relato coral que ayuda a reconstruir la violencia ejercida contra las mujeres que fueron encarceladas y torturadas en el lugar. No obstante, la mayor parte de las víctimas gitanas permanecen en el anonimato, reflejo de una represión cotidiana que rara vez quedó documentada.
Décadas de reivindicación para convertir la comisaría en espacio de memoria
La declaración publicada ahora por el BOE es el resultado de una larga presión institucional y social. Durante décadas, asociaciones de antiguos represaliados y colectivos memorialistas reclamaron que la antigua Jefatura Superior de Policía dejara de funcionar como comisaría y se transformara íntegramente en un centro dedicado a la memoria democrática.
Un impulso que cobró especial fuerza hace tres años, cuando el Ateneu Memòria Popular promovió formalmente la solicitud para que Vía Laietana 43 fuera declarada Lugar de Memoria Democrática. A aquella iniciativa siguieron informes históricos, alegaciones jurídicas, campañas ciudadanas y el trabajo continuado de la Plataforma Vía Laietana 43. Fem Justícia. Fem Memòria, integrada por numerosas entidades de defensa de los derechos humanos y la memoria histórica.
Paralelamente, tanto el Congreso de los Diputados como el Parlament de Catalunya como el ayuntamiento de Barcelona aprobaron distintas resoluciones instando a resignificar el edificio y convertirlo en un espacio público de memoria. Partidos como ERC, EH Bildu, Junts, la CUP, los Comuns e Izquierda Unida, junto a otros representantes de la izquierda parlamentaria, han defendido reiteradamente el traslado progresivo de las dependencias policiales para hacer posible un memorial integral.
Un reconocimiento con una reivindicación abierta
De esta forma, el reconocimiento en el BOE de este nuevo espacio de Memoria Democrática representa un avance histórico al reconocer oficialmente que Vía Laietana 43 fue uno de los principales centros de tortura del franquismo en Cataluña. Sin embargo, el reconocimiento resulta insuficiente mientras el edificio siga desempeñando funciones policiales, tal y como han opinado en medios de comunicación catalanes personalidades culturales de diversa índole. Su objetivo continúa siendo la transformación completa del inmueble en un espacio dedicado a preservar la memoria de las víctimas, impulsar la investigación histórica y promover la educación democrática.
