En un momento en que buena parte de Europa endurece fronteras, multiplica discursos identitarios y observa cómo el miedo derivado de la incertidumbre geopolítica alimenta políticas cada vez más proteccionistas, Barcelona ha decidido avanzar en dirección contraria. La capital catalana quiere consolidarse como uno de los grandes laboratorios democráticos europeos en defensa de la diversidad y los derechos humanos, y lo hace situando el antirracismo en el centro de su acción política.
El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, presentó este lunes el nuevo Plan Antirracista 2026-2036, una hoja de ruta con 23 medidas y más de 100 acciones que busca combatir el racismo estructural desde las instituciones, los barrios y las políticas públicas. Pero entre todos los colectivos históricamente afectados por la discriminación, uno de los grandes ejes del plan pasa por reconocer y afrontar la exclusión persistente que sufre el pueblo gitano.
La apuesta no es menor. En un contexto europeo donde la comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más castigados por la pobreza, la segregación y la estigmatización institucional, Barcelona quiere enviar un mensaje político claro: no puede haber democracia plena sin reparación histórica y sin representación efectiva del pueblo gitano en las estructuras públicas.
Durante la presentación, Collboni enmarcó el plan en la batalla ideológica que hoy atraviesa Europa y gran parte del mundo occidental. “Hoy presentamos este plan en un contexto político muy concreto, ante el auge de los discursos de odio que atacan y vulneran la dignidad de las personas y los derechos humanos”, ha afirmado. Frente a ello, ha defendido el papel de las ciudades como espacios de resistencia democrática y convivencia.
“Barcelona es una ciudad diversa y abierta, una ciudad que es suma de trayectorias, culturas e identidades diferentes desde hace más de 2.000 años”, ha sostenido el alcalde, acompañado por la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor. Recordó además que en la capital catalana conviven 183 nacionalidades y se hablan más de 300 lenguas, aunque advirtió que la diversidad por sí sola no garantiza igualdad. “La igualdad se consigue defendiendo las políticas públicas”, insistió.
Ha recordado que en la capital catalana conviven 183 nacionalidades y se hablan más de 300 lenguas
El nuevo documento se estructura en seis grandes ejes: transformación institucional, generación de conocimiento y datos, participación comunitaria, prevención y sensibilización, protección y reparación, y proyección internacional. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes del plan es que reconoce explícitamente el carácter estructural del racismo y la necesidad de revisar las propias dinámicas internas de las administraciones públicas. Ahí es donde la comunidad gitana adquiere un papel central.
La jornada ha continuado en el ayuntamiento con una mesa redonda con activistas, investigadores y representantes de colectivos racializados que participaron en la elaboración del documento. Entre ellos destacó la intervención de Pedro Casermeiro, miembro de la junta directiva de Rromane Siklovne y de la Fundación Privada Pere Closa, cuya voz se convirtió en una de las más contundentes del acto. «Este plan lo que hace es reconocer este racismo estructural», afirmó Casermeiro. «El racismo puede ser irracional, pero tiene una función: mantener una estructura desigual de poder».
Sus palabras pusieron sobre la mesa una realidad históricamente invisibilizada: el antigitanismo no es únicamente una suma de prejuicios individuales, sino un sistema de exclusión sostenido durante generaciones desde múltiples ámbitos sociales e institucionales. Por eso, para las organizaciones gitanas implicadas en el proceso, el valor del plan no reside únicamente en las medidas concretas, sino en el hecho de haber participado activamente en su construcción. “Fiscalizar también es ejecutar”, explicó Casermeiro al referirse al proceso de trabajo conjunto con el Ayuntamiento. “Lo más difícil será cambiar las estructuras internas”. El representante gitano insistió en que el objetivo no es ocupar un espacio simbólico dentro de la administración, sino romper jerarquías históricas de poder mediante una participación real en la toma de decisiones. “Tenemos voz y poder para romper la jerarquía, y no será fácil”, advirtió.
El plan incorpora medidas que pueden tener un impacto directo en la comunidad gitana: desde la formación obligatoria en antirracismo para trabajadores municipales hasta el refuerzo de protocolos ante incidentes discriminatorios, pasando por políticas de acceso lingüístico y cultural a servicios públicos y mecanismos para garantizar una representación más diversa en los espacios de participación ciudadana. También contempla acciones de sensibilización y memoria histórica destinadas a combatir los estereotipos profundamente arraigados sobre el pueblo gitano, así como iniciativas comunitarias en los barrios para fortalecer la convivencia intercultural.
