El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha encargado a la Fundación Secretariado Gitano la elaboración de un nuevo estudio sobre la situación de la vivienda de la población gitana en España durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027. La adjudicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca actualizar la información disponible sobre el acceso a la vivienda, los entornos residenciales y las condiciones de habitabilidad de la comunidad gitana.
El estudio pretende ofrecer datos comparables sobre la evolución de la población gitana en relación con el alojamiento y el acceso a vivienda digna. Este tipo de informes se realizan periódicamente por encargo de distintos ministerios y constituyen una de las principales herramientas para medir la exclusión residencial que afecta a la comunidad romaní en España.
La importancia de contar con datos actualizados es clave en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler, la inflación y las dificultades estructurales que muchas familias gitanas encuentran para acceder al mercado inmobiliario. A ello se suma un fenómeno denunciado por organizaciones sociales: el rechazo directo de propietarios o inmobiliarias a alquilar viviendas a personas gitanas.
Racismo inmobiliario y barreras estructurales
El acceso a la vivienda es uno de los ámbitos donde con mayor frecuencia se registran situaciones de discriminación hacia la población gitana. Así lo recoge el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-2025, que identifica la vivienda como uno de los sectores donde más se reproducen comportamientos discriminatorios por motivos étnicos o raciales.
Según los informes anuales de la Fundación Secretariado Gitano, el racismo inmobiliario se manifiesta de múltiples formas: desde la negativa directa a alquilar una vivienda hasta una atención discriminatoria por parte de las administraciones ante problemas relacionados con vivienda social, pasando por desahucios sin garantías o denuncias falsas de vecinos motivadas por prejuicios raciales.
Además, uno de los problemas señalados por las entidades sociales es la falta de estadísticas oficiales que permitan medir con precisión fenómenos como los desahucios que afectan específicamente a familias gitanas. Esta ausencia de datos dificulta dimensionar el problema y diseñar políticas públicas eficaces.
Chabolismo y exclusión residencial
Las consecuencias de estas barreras se reflejan especialmente en los asentamientos chabolistas y situaciones de infravivienda. Según los datos disponibles, todavía unas 11.000 personas gitanas (alrededor de 2.000 hogares) viven en chabolas en España sin condiciones mínimas de habitabilidad. En estos asentamientos, el 77% de la población es gitana y, dentro de ese grupo, aproximadamente la mitad son menores de 16 años. Esta realidad pone de manifiesto el impacto generacional de la exclusión residencial.
El origen de muchos de estos asentamientos no responde a una elección cultural, como a menudo se ha sostenido en discursos estigmatizantes, sino a la imposibilidad de acceder a una vivienda en el mercado ordinario. Los estudios sobre asentamientos chabolistas señalan que tres de cada cuatro personas viven en estas condiciones porque no pueden pagar un alquiler, mientras que un 27% afirma que nadie les alquila una vivienda en otro barrio.
Las condiciones de vida en estos entornos suelen ser especialmente precarias. En muchos asentamientos existen problemas de contaminación, ausencia de infraestructuras básicas o riesgos derivados de la cercanía a carreteras, industrias o tendidos eléctricos. Además, gran parte de los hogares carece de electricidad estable o de servicios básicos adecuados.
Impacto social y educativo
La exclusión residencial no solo afecta a las condiciones de vida inmediatas, sino que también repercute en otros derechos fundamentales. Diversos estudios señalan que vivir en entornos segregados o en infravivienda puede agravar el abandono escolar, afectar a la salud y limitar las oportunidades de desarrollo de los menores. Las organizaciones gitanas advertimos desde hace tiempo además de que muchas políticas públicas de realojo han terminado generando procesos de segregación residencial al concentrar a numerosas familias gitanas en los mismos barrios o bloques de vivienda social, lo que favorece la creación de guetos urbanos.
La necesidad de datos para diseñar políticas públicas
En este contexto, el nuevo estudio encargado por el Ministerio de Derechos Sociales busca aportar una radiografía actualizada sobre la situación de la vivienda de la población gitana en España. Las entidades sociales consideran que disponer de datos fiables y comparables es fundamental para comprender el alcance real de la exclusión residencial y para diseñar políticas públicas que aborden tanto la precariedad económica como la discriminación racial que persiste en el mercado de la vivienda. La investigación permitirá analizar cómo han evolucionado las condiciones de vida de la comunidad gitana en los últimos años y qué obstáculos siguen impidiendo que muchas familias puedan ejercer plenamente el derecho a una vivienda digna.
